La violencia política está vinculada a la violencia electoral, porque de forma legal o ilícita altera los resultados de una elección para integrar gobiernos, daña a competidores e instituciones públicas, y agrede al régimen político y, en general, a la democracia (ONPE, 2013:33). La violencia electoral coacciona, obliga y dispone preferencias electorales a través del uso de la fuerza física y simbólica, con una orientación doble, de presión a los candidatos y de persuasión a los electores, por lo que afecta a la competencia (Derrick, 2009:9). El llamado de alerta internacional contra la violencia electoral en México lo emitieron los gobiernos de Japón, Suiza y Noruega (PUEDJS). Ante los hechos de violencia, políticos y funcionarios de los Ministerios Públicos optaron por comportarse como sujetos reaccionarios o, en el mejor de los casos, oscuros. Los primeros actuaron como si no pasara nada (en términos de problema público), mientras que los segundos no actuaron ni implementaron acciones de justicia como lo marca el Código Penal Federal. Por otra parte, la discusión sobre la democracia y el proceso de transición de régimen pudo atender de manera concomitante el problema de la inseguridad, pero no lo hizo.

El reconocimiento del carácter acontecial de la violencia electoral durante el proceso electoral 2017-2018 provino fundamentalmente de las mujeres. Fueron las activistas y políticas quienes, frente a los homicidios, optaron por posicionarse como sujetos fieles, interpretantes y reflexivos. Normalizar la violencia no es un asunto menor. El avance de grupos que ejercen violencia, las complicidades desde los silencios, las ausencias de interpretación, la invisibilidad, las omisiones y la combinación de obligadas y voluntarias formas para mirar a otro lado evitan reconocer el compendio de hechos y ocasionan que la suma de acciones anulen cualquier posibilidad de interpretación y reflexión, y, por tanto, de huellas como acontecimiento.

Todo esto se combina con el Estado de derecho que existe, pero ni resuelve ni disminuye el problema público ante la inacción de las autoridades, totalizadas en un conjunto de lagunas y opacidad para el ejercicio de la justicia mediante la aplicación del artículo 302 del Código Penal Federal. La sociedad está jurídicamente inhabilitada para aplicar la justicia, pues es un decreto impuesto desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reproducción de los homicidios como hechos y el lento y poco transparente trabajo de las instituciones judiciales del México contemporáneo se combina con el sistema político mexicano actual de alternancias, gobiernos unificados y gobiernos divididos.